En el entrega anterior de José Ramón López Beltrán: El gran fraude (Parte I) discutimos los problemas legales que pudiera enfrentar el hijo del presidente de México por causa de falsificación de documentos y declaraciones para obtener su visa TM y ejercer la abogacía sin licencia en el estado de Texas.
En este artículo discutiremos un problema legal que pudiera enfrentar López Beltrán ante las autoridades federales americanas.
Estados unidos es un país de leyes, imperfecto, con muchas oportunidades en su sistema de justicia, y mucha desigualdad, pero es un país de leyes. Los vecinos del norte tienen un sistema judicial que funciona, un código judicial que funciona y una fiscalía que funciona. Si cometes un crimen de alto impacto vas a dar a la cárcel, eso es seguro.
Los americanos tienen igualmente un sistema financiero sólido y bien regulado. Dentro de esas regulaciones está la ley conocida como Ley de prácticas de corrupción en el extranjero (O FCPA por sus siglas en el idioma de Shakespeare).
La FCPA es una ley aprobada desde 1977 y que se encuentra en el código federal de los Estados Unidos (Título 15, sección 78dd) que prohíbe pagar sobornos en el extranjero a personas, funcionarios y empresas norteamericanas.
Posteriormente, en 2002 después del escándalo de ENRON, el congreso americano aprobó la Ley Sarbanes Oxley, que regula prácticas contables
Al ser ambas leyes del ámbito federal, le toca al FBI, IRS, SEC, servicio secreto y al fiscal general investigar este tipo de delitos dependiendo del entorno en que se den.
Por ejemplo, si el soborno fue hecho con dinero en efectivo o dinero o con dinero falso el FBI y el servicio secreto estarán involucrados. Si el soborno fue hecho en especie a un extranjero en suelo americano para beneficiar a una empresa pública americana, será el FBI y la SEC quienes investiguen y sancionen.
Hay un ejemplo que quiero poner a su consideración:
En 2007 la empresa norteamericana Baker-Hughes llegó a un acuerdo con el departamento de justicia de US. En ese acuerdo la contratista se obligaba a pagar multas de 11 millones de dólares por actividad criminal, 10 millones de dólares en multas civiles y regresar 24 millones de dólares de ganancias que fueron obtenidas gracias a una extensa red de sobornos que tejieron en Kazajstán. En aquel entonces el departamento de justicia encontró que Baker habría extendido sobornos a oficiales Kazakos por un monto de 4.1 millones de dólares. El monto total de multas para la contratista fue de más de 44 millones de dólares por haber violado específicamente el FCPA.
Baker Hughes ha estado desde entonces en la mira del departamento de justicia, por ejemplo, en 2016 el gobierno entró con una moción para bloquear la fusión de Halliburton y Baker Hughes.
Un ejecutivo de esa misma empresa supuestamente rentó al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador una casa con valor de más de un millón de dólares en un lujoso suburbio de Houston como relatamos en este artículo La casa del Trivago..
Después “transacción inmobiliaria” los contratos de Baker subieron exponencialmente con PEMEX y pasó de tener contratos por 66 millones de dólares a 434 millones de dólares como por arte de magia.
En caso de que el departamento de justicia inicie una investigación contra Baker Hughes, ellos están obligados a cooperar debido al acuerdo firmado en 2007. Lo anterior allana el camino para que el FBI o la SEC puedan investigar y comprobar que López Beltrán influyó en la toma de decisiones de PEMEX para beneficio de la contratista. De ser así puede ser acreedor a una pena de prisión de hasta 5 años de cárcel por cada acto de corrupción en Estados Unidos.
Hay un problema que frustra terriblemente al presidente de México, y es que su hijo vive en Estados Unidos, potencialmente cometió delitos en Estados Unidos con Empresas de Estados Unidos que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, López no manda.
