El 1 de octubre de 2020 tiene un lugar reservado en los libros de historia de México, ahí junto al 2 de febrero de 1848, ambas fechas marcadas por una traición macabra, obscena y cínica a nuestro país.

Podrías pensar que estoy exagerando, que no es para tanto y que una consulta patito no puede ser tan grave, desafortunadamente te equivocas. Esta situación sienta precedente en muchos aspectos relevantes para nuestra vida diaria, al menos desde mi perspectiva, es el peor día en lo que va del sexenio (y vaya que hay competencia).

¿Por qué hablo con esta desesperanza y pesadez que definitivamente no me caracterizan? Por que jamás imaginé ver una aberración cómo esta. Si recuerdas, hace unas semanas publiqué lo que se titulo ¿Quemamos brujas o liberamos a Barrabás? y ahí expliqué, creo que de forma sencilla, el porqué resultaba inconstitucional esta consulta “para juzgar a los expresidentes” y cómo  es que ni siquiera era una consulta.

Bueno, tras esa publicación, no se juntaron las firmas que necesitaba MORENA para -so pretexto de aclamación popular- solicitar que se realizara la consulta verdadera. Al ver que sus firmas (con todo y los mismos weyes que las recababan llenando formatos que todos vimos en redes sociales), decidieron pedir la consulta por otra vía, con una solicitud del ejecutivo avalada por el Senado.

Este asunto cayó en manos de la suprema corte de ¿justicia? de la nación, para determinar si el hecho de mover la maquinaria judicial puede ser objeto de consulta popular -spolier alert: no puede ni debe-.

El proyecto de resolución fue responsabilidad del Ministro Luis María Aguilar, quien propuso declararla inconstitucional, argumentando principalmente que la impartición de justicia no puede ser una cuestión democrática, sino de aplicación de la ley.

Hasta aquí todo normal, justo como se esperaba y como debía ser. Hoy primero de octubre se llevó a cabo la discusión y votación del proyecto; todo empezó mal, pues el presidentititititito de la tremenda corte expuso claramente la línea a seguir, textualmente dijo en pocas palabras que “no se trataba de la ley sino de que el pueblo participe en las decisiones”.

Esta declaración por sí misma es suficiente para destituirlo por incapacidad evidente, sin embargo, tras las exposiciones de los ministros no se veía tan mal el panorama; como era de esperarse los ministros de papel que puso López Obrador sin tener ni méritos ni capacidad para el puesto, se limitaron a decir que votaban en contra del proyecto presentado.

Para no hacerles el cuento largo, los ministros, ministritos acordaron avalar la dichosa e infame consulta con la condición de replantear la pregunta de la siguiente manera:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Y así es como mueren las libertades.

¿Qué implicaciones tiene tremenda chingadera?

En primer lugar, desde un punto de vista técnico jurídico, es una aberración el avalar que la impartición de justicia se someta a aprobación popular; en teoría existe un aparato de justicia integrado por las autoridades que investigan y acusan a probables delincuentes (Fiscalía) y autoridades que determinan la validez de las acusaciones, las sanciones y las consecuencias que enfrenta el culpable (poder judicial).

Para que un proceso legal se lleve a cabo no requiere de la intervención de otras partes, salvo la parte agraviada (víctima), en el caso de los delitos que se persiguen a petición de parte y deben iniciar el procedimiento las autoridades de forma automática en delitos que se persiguen de oficio.

En este caso, si un expresidente cometió actos ilícitos, basta con una denuncia formulada por la Auditoría Federal o por la administración siguiente para iniciar una averiguación por probable delito (ahora carpetas de investigación). Así tenemos que no tienen nada que hacer un chingo de gente argüendera pidiendo que se les enjuicie o no; no hay que ser ministro de la cortesita para entender esto, cualquier estudiante de primer año de derecho lo sabe.

Ahora, más grave aún que la evidente incapacidad de hacer su labor, la cortesita cometió un pecado aún más grave; le dieron poder absoluto a lópez al ceder ante su deseo;

Se sometieron a su músculo, nos abandonaron en su labor, que si bien no es ser un “contrapeso” como se cree, sí lo es cuidar por la legalidad y el imperio del derecho en nuestra sociedad.

Vendieron su alma a cambio de Dios sabe qué, nos vendieron, nos traicionaron, nos condenaron a una tiranía absoluta, nos condenaron a ver como se quema Roma; nos fallaron y a algunos -en este caso hablo en primera persona- nos taparon la boca.

Habíamos quienes defendíamos la labor de la corte y su apego a la ley, defendíamos que independientemente de la postura política que como individuos tienen derecho a defender, los ministros se mostrarían imparciales y competentes para un cargo de tanta relevancia y hoy, quienes creíamos esto tenemos que atragantarnos con nuestras palabras.

Hoy murió para mi el último rayo de esperanza, el último bastión de civilidad en una transformación digna del intestino más eficiente de la historia pues todo lo que toca lo hace mierda.

Hoy 1 de octubre de 2020, todo se fue al carajo y será recordado como uno de esos días negros que se cuentan con la mano, en donde se perdió la libertad, en donde se murió la seguridad y en donde el emperador demente se erigió como un todopoderoso incuestionable.

Hoy los ministros que avalaron los berrinches por encima de las leyes, la ignorancia por encima del derecho y la polarización por encima de la civilidad vendieron su alma y con ella nos condenaron a todos al infierno que se acerca.