Nadie, con conocimientos de Derecho Procesal y Constitucional, puede “legitimar”, lo ilegítimo, ni convertir en legal lo ilegal.

¿Acaso es legal y legítimo el cobro de piso que realiza la delincuencia organizada? O ¿Es legal la producción y venta de cualquier droga? Por supuesto que no, aunque la autoridad no pueda combatir esos flagelos y a diario trabajen en ello.

Quedó jurídicamente demostrado –plenamente– que el procedimiento para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue violado para ello ¿Acaso esa violación quedó convalidada? Por supuesto no que no. Los mismos que violentaron la Constitución, también crearon otras normas para evitar que sus abusos y atropellos legislativos fuesen impugnados ¿Quedaron legitimadas las violaciones a la misma Constitución? ¿Quedaron legalizadas y legitimadas las violaciones a los derechos humanos que han cometido esas autoridades? No.

Esos mismos legisladores federales se constituyeron en el “Supremo Poder” para que nada ni nadie pudiera controvertir sus atropellos.

Bajo el supuesto mandato del “pueblo” siguen cometiendo toda clase de abusos, confiados en que, si bien hay ley que debe evitar la comisión de abusos de autoridad, esta no se aplica para ellos. Actúan en nombre del “pueblo”, es un mandato del “pueblo”.

Y así han continuado. Bajo un sistema democrático constituido, tuercen las normas legales, su interpretación y aplicación; y si no les satisface, las reforman o las abrogan. Todo bajo el supuesto mandato “popular” que les dieron en las elecciones del 2024.

El INE y el TEPJF, una vez cooptados por el régimen oficialista, han validado todos los atropellos ¿Eso ha hecho legítimos los abusos? No.

Hoy en día no existe nada, ninguna ley, que pueda impedir cualquier atropello del oficialismo disfrazado de legítimo y legal; como el abuso cometido por el senador Gerardo Fernández Noroña, que obligó a que se “arrodillara” públicamente a un ciudadano y pedirle perdón públicamente en el recinto legislativo no propio para ello, lugar de trabajo del abusivo legislador ¿Fue legal y legítimo lo que hizo? Claro que no. Aunque hubo una supuesta resolución que a ello lo obligó. Otro más de los atropellos que ya no causan el mayor escozor social, nos estamos acostumbrando y enfrentando a los abusos como algo normal. La sociedad mexicana cada vez más dócil.

El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, han conducido el proceso electivo de principio a fin. Ellos son jueces y parte a la vez. Ellos deciden qué es legal y legítimo, bajo la bandera de la democracia y mandato del “pueblo”. Así lo reiteran incansablemente. Cuando semejantes falacias son eso, falacias que terminan por ser “verdad a medias”; el hecho sí es cierto y verdadero, su legalidad y legitimidad no lo es.

Ese “pueblo” al que aluden para cometer sus atropellos ni le interesa y ni sabe; poco o nada les molesta, mientras no afecte su esfera jurídica.

¿Impartir justicia?, ¿Qué es eso, quién la imparte y cómo la imparte? Lo que apenas logran entender –el “pueblo”– es la retórica oficial: son corruptos y hay que cambiarlos; el “pueblo” decidirá como en ninguna parte del mundo, quién impartirá justicia en lo subsecuente, pero ¿Qué sabe ese ignorante “pueblo” de las reglas para impartir justicia? Nada, literalmente nada.

El mega fraude electoral sigue la ruta trazada. Hay millones de “acordeones” repartidos para manipular al electorado.

El uno de junio próximo podrán seguir el “guión” que les dieron, con nombre y apellido sabrán por quien votar, aunque no conozcan a la persona. Morena y aliados, además, ya trabajan para la movilización. En los estados en los que habrá elecciones paralelas, los gobernadores ya operan a la par, promueven a quienes serán sus autoridades judiciales “electas por el pueblo”. Vaya fraude vergonzoso, traición a la democracia. Y luego ¿ A quién le importa?

¡Nada legitima lo ilegal! Por mucho que algunos interesados en la contienda electoral así lo defiendan, todo por alcanzar el ansiado cargo judicial.

Desde la Presidencia de la República se sigue impulsando, a varios años de distancia, la campaña del desprestigio al Poder Judicial, continúan las calumnias y vituperios a los impartidores de justicia, con la justificación de ser necesario el cambio y que sea el “pueblo” quien elija a las autoridades que impartirán justicia; sustituir a los malos por los buenos ¿Cuáles buenos si la enorme mayoría de las y los candidatos pertenecen al régimen? Además, no saben impartir justicia, por muy abogados o Doctores en Derechos que sean. Evidentemente son morenistas, trabajarán para el gobierno, no para el “pueblo sabio”.

De tal suerte que, con la suciedad que pulula por doquier en el proceso de reforma constitucional y legal ¿Ya decidiste si vas a votar el 1º de junio en las elecciones judiciales? ¿Aún están pensando en ir o no ir a votar?

Nadie puede convalidar todas las ilegalidades que han cometido quienes manipulan el proceso de elección; esos delincuentes de cuello blanco que abusan de sus atribuciones legales, tampoco tienen facultad para mutar lo ilegítimo en legítimo, ni convertir lo ilegal en legal. Todo el proceso adolece de nulidad absoluta.