El debate sobre la prisión preventiva oficiosa se encuentra muy polarizado no sólo en México sino en el mundo; por un lado, los defensores de derechos humanos argumentan que todos deben ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Sin embargo, hay muchas voces que indican que existen ciertos casos donde esta prisión sí debería aplicarse; un caso que podríamos ver factible es cuando el delito se está cometiendo in fraganti, pero en este caso interviene un proceso de “confianza” en el testigo quien podría mentir con tal de perjudicar al otro.

En México, tierra fértil de impunidad, la cosa es muy preocupante. En primera instancia, porque los grados de criminalidad han encontrado una frontera abierta, lo que ha permitido su escalada a niveles inimaginables hasta hace unos años; por otro lado, ya no se sabe a ciencia cierta si las autoridades están coludidas o no con el crimen organizado (pues pocas son las organizaciones que aplican rigurosos exámenes de confianza a su personal), por lo que la persecución de los delitos tiene una alta posibilidad de ejecutarse en función de los intereses de los capos mexicanos. La población, harta de presentarse ante los ministerios públicos donde puede voltearse la tortilla en su contra con gran facilidad (pasar de ser el denunciante a ser el sospechoso) o donde serán extorsionados para “agilizar” el trámite, o donde simplemente el caso se quedará en una montaña de similares que por la poca capacidad de la autoridad nunca serán resueltos, ha optado por dejar de denunciar.

De 10 crímenes que se cometen en México, poco más de 3 son los que se denuncian en los ministerios públicos y de ahí, 96% de los casos quedan en total impunidad, por lo que podemos hablar de que prácticamente ningún delito es castigado ni resuelto.

Muchas veces el ministerio público no tiene los argumentos para presentar un caso correctamente ante los jueces, quienes bajo el precepto de que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y bajo los procesos adecuados, sueltan a delincuentes que tal vez sí cometieron el crimen pero no hubo manera de cómo demostrarlo.

Muchos casos son desechados porque los policías cometieron tortura, se metieron en propiedad privada sin tener orden judicial, intervinieron líneas de comunicación sin tener orden judicial, usaron de más la fuerza para capturar al agresor, etc.

Entonces el problema empieza a desagregarse en varios porqués... no hay policías honestos en muchos casos y no están capacitados.

En el caso de los ministerios públicos, los pocos casos que avanzan de forma honesta, en muchas ocasiones no los arman correctamente (bajo el rigor legal y procesal que se requiere) y en otras tantas los peritos o los policías involucrados contaminan las evidencias; nuevamente falta de capacitación.

Y sigue otro tema muy escabroso, los salarios ridículos para estas personas que están en cargos de relevancia para la sociedad; existen muchos egresados y gente que ya ejecuta, que tienen mucha experiencia tanto operativa como legalmente, pero que son mejor pagados en despachos de abogados o de aseguradoras, que directamente en los ministerios públicos. De ahí la importancia de tener gente capacitada y bien pagada, para que el ejercicio de sus funciones no tenga ningún impedimento para poderse realizar.

En este marco que le comento, el gobierno en la desesperación de brindar resultados ha echado mano de la prisión preventiva; sabe que muchos delitos no podrán ser sentenciados por la mala ejecución de las autoridades y mejor echa mano de la prisión preventiva; preferible para el gobierno meter a un sinnúmero de personas a la cárcel y decir que se está haciendo algo (mal hecho) a que la gente perciba la verdadera impunidad.

Las cárceles están llenas de personas que no “tuvieron vela en el entierro” sin recibir una condena.

Y ahora, López Obrador ha querido ampliar en su Reforma Constitucional el catálogo de delitos que pueden ser objeto de la prisión preventiva, entre ellos, los extorsionadores, narcomenudistas y factureros. Recordemos que ahora la carga de la culpa será a quien se denuncie, pero quien acusa no tendrá la carga de la prueba. Es decir, el gobierno podrá fabricar pruebas mediante su fiscalía y acusar a cualquier individuo para con ello solicitar la prisión preventiva a un juez y estar en la cárcel por tiempo indeterminado.

Si ya son preocupantes las baterías de reformas al Poder Judicial, la electoral y las otras 17 reformas más que envió al Congreso, debemos tener especial cuidado en esta, donde de ser aprobada se le estaría dotando al Estado de armas para ejercer una represión que puede ser usada contra cualquier individuo (dígase, cualquier opositor).