El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ofreció durante su campaña recuperar 500 mil millones de pesos producto de la corrupción, yo creo que se puede recuperar más, mucho más. 

¿Cómo se podría ahorrar el gobierno mexicano 2 billones de dólares? O mejor dicho ¿cómo podría el gobierno mexicano recuperar 2 billones de dólares?
Para entenderlo hay que aprender de quien ya lo hizo: Brasil.
En 2014, inició la operación Lava-Jato en un pequeño juzgado de Curitiba, capital del estado de Paraná, en el centro-sur de Brasil.

La investigación fue conducida por el juez de primera instancia Sergio Moro.

Lava-Jato quiere decir “lavado de carros”, el nombre surge de una investigación de defraudación fiscal en una serie de gasolineras y lavado de autos, con la que comenzó todo. 
Resulta que esa red era parte de un complicado esquema de contratistas de PETROBRAS para lavar dinero.

Voy a abrir un paréntesis para explicar que en Brasil la PF (Policía Federal) es un organismo completamente autónomo y desconcentrado del gobierno. No le reporta a nadie y sobre todo: no tiene agenda política. Otra diferencia fundamental es que los jueces tienen una suerte de capacidad investigadora, ellos pueden pedir a la PF que busquen pruebas y pueden iniciar procesos espontáneamente. Misma cosa ocurre con el MPF (Ministerio Público Federal).

Pues el juez empezó a tirar del hilo de esa empresa contratista hasta que llegó al primer arrestado “grande” de la petrolera: Nestor Cerveró.
Cerveró fue director de PETROBRAS Internacional y director financiero de PR Distribuidora, todo esto entre 2003 y 2014.

Cerveró fue colocado tras las rejas y logró un acuerdo con la fiscalía, se reducirían los cargos a cambio de información. A cambio entregó el modus operandi de la empresa:

¿Cómo funcionaba el círculo de corrupción?

Los contratistas:

En un escenario normal, los contratistas competirían entre sí en licitaciones para obtener contratos de PETROBAS, y la empresa estatal contrataría a una empresa que aceptara hacer el trabajo al precio más bajo, todo normal, ¿Verdad?. En estos años los contratistas se "cartelizaron" en un “club” para aparentar licitaciones. Los precios ofrecidos a PETROBAS se calcularon y ajustaron en juntas súper secretas en las que se definía quién ganaría el contrato y cual sería el precio. Obviamente los precios estaban súper inflados.

Ejecutivos de PETROBAS:

Las empresas debían asegurarse de que solo los miembros del cartel fueran invitados a licitar. Para ello tenían comprados a funcionarios de la paraestatal. Estos restringían las invitaciones de licitación, incluyendo al ganador entre los participantes.
Según investigaciones, en PETROBRAS, se realizaron negociaciones directas injustificadas, se festejaron contratos aditivos innecesarios y con precios sumamente excesivos, se aceleraba la contratación con la remoción de trámites relevantes y filtración de información, así como datos confidenciales, entre otras irregularidades.

Operadores financieros:

Los operadores o intermediarios financieros eran responsables no solo de intermediar el pago de la tarifa, sino especialmente de entregar la tarifa disfrazada de dinero limpio a los beneficiarios. Al principio, el dinero pasó de los contratistas al operador financiero. La transferencia se realizó en especie, mediante transferencias al exterior y mediante contratos simulados con empresas pantalla. En un segundo paso, el dinero pasó del operador financiero al beneficiario en especie, mediante transferencia al exterior o mediante el pago de bienes. 

Agentes políticos:

Otra línea de la investigación, se inició en marzo de 2015, cuando el entonces fiscal general de la República Rodrigo Janot presentó 28 recursos ante el Tribunal Supremo Federal (STF) para la apertura de investigaciones penales destinadas a investigar hechos atribuidos 55 personas, de las cuales 49 eran miembros que tenían fuero.

Todos ellos eran personas que en ese momento formaban parte o estaban relacionados con los partidos políticos encargados de nombrar y mantener a los directores de PETROBAS.

Fueron citados en colaboraciones premiadas, realizadas en primera instancia por delegación del fiscal general. La primera instancia inició la investigación de agentes políticos sin foro de prerrogativa de función, por improbidad administrativa, en el ámbito civil y penal.

Esta ruptura política fue más evidente en relación a las siguientes juntas: abastecimiento, ocupado por Paulo Roberto Costa, entre 2004 y 2012, designado por el Partido de Popular (PP), con posterior apoyo del Partido Democrático Brasileiro (PDB); Servicios, ocupados por Renato Duque, entre 2003 y 2012, designados por Partifo del Trabajo (PT); e Internacional, ocupada por Nestor Cerveró, entre 2003 y 2008, designado por el PDB.

Para el fiscal general de la República, estos grupos políticos actuaron como delincuencia organizada, para la práctica de diversos delitos, entre ellos la corrupción pasiva y el lavado de dinero y activo.

Fernando Baiano y João Vaccari Neto, actuaron en el esquema criminal como operadores financieros, en representación de los miembros del PDB y del PT.

Siguientes pasos de la investigación:

Dentro de los 44 indiciados estaba un diputado, Delcídio de Amaral, que intentó entorpecer la investigación usando sus influencias, a este nivel la PF tenía intervenidas sus líneas telefónicas y fue arrestado por sorprenderlo en “flagrancia en la comisión de un delito”, con las manos en la masa pues.
Delcidio fue arrestado y puesto bajo custodia, y cantó como pajarito para lograr un acuerdo.

La investigación desdobló en decenas de políticos y expolíticos presos, quienes a su vez negociaban con el valiente juez de primera instancia que les retiraba cargos y descubría una y otra y otra capa de la investigación. En total hubo más de 150 arrestos de personajes importantes de negocios o de la política brasileña, en cuanto los apresaban, lograban un acuerdo, y pasaban tiempo en prisión.
Otro en caer fue el presidente del senado Renan Calheiros y el presidente de la cámara de diputados Eduardo Cunha, ambos, mientras estaban en funciones.

El caso de las contratistas estaba sólido, el fiscal se movió para fincar cargos a Odebrecht y otras contratistas por corrupción activa y crimen organizado (asociação delituosa).
Las multas aplicadas por el juez Sergio Moro en contra de las contratista sumaron más de 2 billones de dólares y fueron ratificadas o aumentadas por tribunales de segunda instancia (tribunal colegiado de 3 jueces que sirve como proceso de apelación).

Las empresas contratistas tuvieron que negociar multas y sanciones porque de otro modo estarían destinadas a desaparecer, contratistas como Odebrecht no pueden sobrevivir sin tener contratos con el gobierno. Por ejemplo: Odebrecht pagó la suma de 235 millones de dólares a las arcas públicas para poder seguir participando en licitaciones.

También hubo recuperación de parte de particulares a cambio de clemencia o de retirada de cargos, por ejemplo: el exgerente de PETROBRAS, Pedro Baruco regresó 100 millones de dólares que tenía escondidos en paraísos fiscales.
Luiz Inácio, “Lula” Da Silva, ex presidente de Brasil fue acusado y condenado dentro del esquema de corrupción de PETROBRAS.

Resumiendo:
• La operación Lava-Jato fue un éxito debido a que Brasil tiene una PF y MPF completamente independiente y apartidista cosa que México no tiene.
• La operación duró 5 años, de 2013 a 2018, fue dirigida independientemente por un juez federal.
• La población apoyó grandemente a los miembros de la operación al grado de hacerlos figuras públicas ampliamente reconocidas.
• Todos los acusados pisaron la cárcel, además de tener multas, sufrieron penas corporales.
• Las negociaciones fueron documentadas y se dieron una vez que ya estaban los acusados presos, no antes.
• Ni Dilma Rousseff, ni Michel Temer intentaron o consiguieron alterar el curso de la investigación.
• Casi todos los partidos fueron tocados por la investigación, sin excepción.

Si el Estado mexicano comandado por Andrés Manuel López Obrador habla en serio de llevar este caso hasta sus últimas consecuencias, bien haría en montar una fuerza de tarea independiente como la operación Lava-Jato y limpiar la casa al 100%.

Si la persecución contra Lozoya es seria deberían de seguirse los pasos de la justicia brasileña para llevarla a cabo seriamente y no convertirla en un show mediático destinado a ganar votos. El uso discrecional de la justicia mexicana da francamente pena.

Siga mañana el caso del juicio a Lula da Silva.

Bibliografía
Caso Lava Jato, Entenda o Caso, Ministerio Público Federal, Procuradoria-Geral da República
SAF Sul Quadra 4 Conjunto, Brasília/DF