Resulta bastante sorprendente que, por un lado el Gobierno Federal Incita a la población en resguardarse en sus hogares mientras estamos en esta pandemia, y da indicaciones de mantener sana distancia, usar gel antibacterial y el uso en todo momento de cubrebocas, por otro lado, las obras del tren maya, no se han detenido en lo más mínimo.

Y es que, mientras el mismo Gobierno Federal, a través del "Zar" Hugo López Gatell, informa que debemos mantenernos en esta cuarentena en casa, y nos  dice las indicaciones requeridas de usar cubrebocas en todo momento y el uso del gell antibacterial, por otro lado, se cocina, no sólo la continuidad de las obras del Tren maya, sino que, en el Poder Judicial,  en los Juzgados Federales en Campeche y Yucatán,se han tardado por decirlo así, para dar resolutivos a los amparos interpuestos a dos solicitudes de amparo que interpusieron comunidades urbanas e indígenas afectadas por el megaproyecto.

“Es claro que el gobierno federal se está aprovechando de la pandemia y de la situación de contingencia y riesgo sanitario para avanzar en el proyecto del Tren Maya, poniendo en riesgo derechos elementales de la población, como la vivienda, la salud e incluso la vida”[1], 

Esto lo denunciaron  organizaciones civiles de la Península de Yucatán, en un comunicado divulgado este martes.

El pasado viernes 17, el colectivo Tres Colonias de Campeche –conformado por vecinos que habitan en las orillas de las vías previstas para el Tren Maya– presentó un primer amparo contra el proceso de desalojo y reubicación, que continúa pese a la emergencia sanitaria.

En el segundo caso, la Asamblea Maya Muuch’ Ximbal interpuso un amparo contra el acuerdo que López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el lunes 6, donde exentó la suspensión de las operaciones relacionadas con el Tren Maya, pero no ocurrió lo mismo con el resto de las actividades no esenciales para la economía.[1]

En el primer caso, el Juzgado Primero de Campeche se negó a recibir la demanda bajo el argumento de que no era “un asunto de emergencia”, y en el segundo, el Juzgado Cuarto de Distrito de Yucatán aceptó la demanda –después de largas discusiones–, pero pospuso su resolución una vez “pasada la emergencia sanitaria”, lo que carece de lógica.Y es que, en ambos casos, los juzgadores, saben perfectamente que, si otorgan el amparo a dichas comunidades, estarían poniendo en su contra, al gobierno federal y la presión y repercusiones que tendrán son muy fuertes.

Sin embargo, este tipo de acciones  que realizan los  juzgadores del Poder Judicial, sólo deja ver, que ese tercer pilar de nuestra democracia.

Los obstáculos del Poder Judicial  eran previsibles: el pasado martes 21, 194 de las principales organizaciones de la sociedad civil mexicana urgieron  al  gobierno federal a suspender las actividades del Tren Maya durante la emergencia sanitaria, bajo el argumento de que las medidas implementadas ante la pandemia de covid-19 impedían el acceso a la justicia y a la información para las comunidades afectadas.

"El acuerdo que ordena mantener la construcción del  Tren Maya, a pesar de la contingencia", .

Pero además de eso, existe un hermetismo total respecto de los dichosos estudios de impacto ambiental, las consecuencias que este proyecto traerá a las comunidades aledañas, tanto económicas como sociales,  siendo que los más afectados pueden ser las comunidades mayas.Esto es lo que las mismas organizaciones han manifestado en dichos amparos, pero que, no han logrado ser escuchados, pese a que la Constitución les concede ese recursos jurídico.

La realidad, el Poder Judicial esta cediendo ante la embestida del Gobierno Federal, y la presión por llevar a cabo pese a todo, su mega proyecto del Tren Maya. Esto nos deja en claro que la dichosa consulta a mano alzada, como todo lo que hace el gobierno, es mentira, una mentira bastante costosa para todos los mexicanos, tanto económicamente, social-mente así como de daño ecológico y ambiental, 

Invariablemente, se deben frenar y garantizar los derechos no sólo de esas comunidades, sino de todos los ciudadanos, en su economía, en deuda pública, y sobre todo en el derecho a su bienestar, a aquellos que están laborando pese a las advertencias de cuarentena.

[1] Revista Proceso 28 abril 2020.