Morena y la tortura.
"El periodismo no es un delito. Los profesionales de los medios de comunicación son los ojos y los oídos de la sociedad. Los gobiernos tienen el deber de garantizar que los periodistas puedan informar libremente sobre cuestiones de derechos humanos sin temor a ser atacados o morir mientras realizan su labor legítima. Las autoridades tienen el deber de llevar ante la justicia a los responsables de los abusos. Ya es hora de que los Estados se tomen sus deberes en serio”
Susanna Flood
Amnistía Internacional
Varias veces ha afirmado el presidente López Obrador que bajo su gobierno ya no existen las violaciones a derechos humanos. Se ha pronunciado incluso por no ser necesario ya las observaciones, recomendaciones o denuncias de organizaciones de defensa de derechos humanos. Ante las denuncias de violaciones el presidente tiene otros datos: “No se van a violar derechos humanos, el Estado mexicano deja de ser el principal violador de los derechos humanos, como era antes. No a la tortura, no a las masacres, no al exterminio, no a la fabricación de delitos, todo eso se termina. Es un compromiso, es una convicción en mi carácter de comandante de las Fuerzas Armadas”, afirmó apenas el pasado 21 de diciembre en su conferencia acostumbrada.
El negacionismo del presidente es un grave obstáculo para que el Estado cumpla con su obligación constitucional y convencional de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. La organización Human Rights Watch, en su Reporte Mundial 2021, ha denunciado que en México: “Las violaciones de derechos humanos —incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos— han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre de 2018.”
El presidente municipal de Parras, Coahuila, emergido de las filas de MORENA, se dice estar enojado con periodistas y medios de comunicación que tuvieron la osadía de denunciar violaciones graves a los derechos humanos cometidas en su jurisdicción. No se vale, dice Ramiro Pérez Arciniega mientras se trata de acomodar el cubre bocas, como el que pretende imponer a quienes cumplen con la labor informativa. Un cubrebocas para amordazar a la prensa… ¡¡faltaba más!!
Ramiro Pérez Arciniega, personaje muy cercano al superdelegado de López Obrador en el estado de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, ha emprendido una andanada de ataque contra periodistas por haber informado sobre la tortura que sucedió en las oficinas de la funcionaria que preside la Policía Municipal. Lejos de investigar a la gravísima violación a derechos humanos denunciada, la encubre, avala y arremete contra la prensa y los periodistas.
El diario digital El Demócrata denunció en una nota titulada “Tortura comandante de Parras a ejidatarios ¡en su propia oficina!” la aberrante práctica de obtener declaraciones de detenidos por la policía municipal para obtener declaraciones. El diario ha exhibido fotografías que demuestran que los detenidos fueron sometidos bajo tortura en las oficinas de la comandante de la policía, Cintya Elizabeth Villa Espiricueta, protegida por el alcalde morenista.
El alcalde citó a una rueda de prensa en la que amenazó a los periodistas que han sido críticos a su administración aún cuando no sean los autores de la nota, no importa. En especial arremete contra el equipo de TV Parras, medio dirigido por Luis Enrique Morales Martínez. Ha interpuesto, dice, acciones legales por la vía penal en contra de los periodistas y ha solicitado el aseguramiento del material periodístico de TV Parras y la suspensión de sus emisiones.
Negó “enérgicamente” el funcionario que sea cierta la tortura denunciada y acusa de haber sido alteradas las fotografías, además, reconoce en la rueda de prensa que él es informado de todas y cada una de las detenciones efectuadas por la policía municipal y se ufana del modus operandi de cientos de “revisiones corporales” que se hacen en su administración a los ciudadanos, quienes son detenidos y acusados de delitos, incluso, contra la salud. Torciendo la verdad, afirma que su administración es respetuosa de los derechos y que no ha recibido una sola recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero pasa por alto ocultando con ello que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza le dirigió la Recomendación número 9/2020 por violaciones a derechos humanos. Recomendación que en el informe de dicha comisión estatal aparece como que no ha sido aceptada, ni siquiera, se había recibido respuesta por parte del alcalde de Parras.
Tortura, detenciones arbitrarias, revisiones corporales intrusivas, ataques a periodistas inhibiendo la libre expresión y el derecho a la información, son violaciones a derechos humanos inadmisibles que deben ser prevenidas, investigadas y sancionadas.
El ejercicio libre del periodismo es FUNDAMENTAL para combatir dichas violaciones a derechos, por lo que cuando es atacado un medio de comunicación y a los periodistas, desde el ejercicio del cargo público, no sólo se comete una ilegal restricción de la libertad de expresión, provoca un daño a la sociedad vulnerando otros derechos humanos y daña a la democracia. El cumplimiento del derecho a la información es un mecanismo para inhibir conductas terribles como la tortura que ha sido denunciada por El Demócrata en el estado de Coahuila.
