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#EnCorto

La justicia sometida a una venganza 

Ermilo Castilla Roche es la viva muestra de cómo el sistema judicial de nuestro país puede ser usado para una venganza.
Raúl García Araujo
22 Febrero 2023
Ermilo Castilla Roche

Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, considerado una de las cartas fuertes del Partido Acción Nacional para la candidatura presidencial de 2024, hoy ha decidido usar toda la fuerza del estado contra la familia Castilla Roche.

Los artículos 16 y 17 de la Constitución señalan que en todo proceso legal contra algún ciudadano deben garantizarse los derechos humanos de los presuntos responsables, así como darles certeza jurídica en sus procesos.

Esto dice la Carta Magna, pero en los hechos, en Yucatán la justicia se da conforme a los intereses del gobernador Vila Dosal, que no afecten su administración, ni mucho menos su figura política.

El panista sabe bien que para aspirar a la Presidencia de la República necesitará de recursos económicos y es por eso que en este estado se da “justicia a la carta”, es decir, apegada a los deseos de los hombres más ricos de Yucatán, que abrirán sus carteras para sus ambiciones personales.

No se entiende de otro modo lo ocurrido hace unos días en Mérida, donde Ermilo Castilla Roche, quien cumplía en su casa un arresto domiciliario con grillete de localización.

En plena madrugada, con amenazas y engaños, una veintena de policías de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y de la Fiscalía de Justicia, allanaron en este lugar de la forma más violenta, para detenerlo de nuevo.

En la acción se violaron no solo los derechos humanos del acusado, sino que también los principios básicos que marca la cartilla de detenciones que rige a las fuerzas del orden en nuestro país:

1.- Ser informado de la causa de su detención.

2.- Recibir un trato respetuoso que salvaguarde su integridad física, a no ser amenazado, intimidado o forzado a declarar.

3.- Informar de su detención a familiares, personas de confianza y a un abogado.

Lo que ocurrió el pasado sábado, es que policías de Yucatán ingresaron a la casa 27 de la Hacienda Dzodzil, amenazando primero al vigilante del lugar.

Después entraron a la vivienda para agredir y amedrentar a la mamá de Ermilo, por cierto una mujer de la tercera edad que fue hospitalizada por estos lamentables hechos, para posteriormente ir a la habitación donde estaba él y sin dar una explicación de por medio, y ni presentar una orden judicial que justificará su presencia, lo agredieron física y verbalmente.

Las amenzas iban desde que “sino obedeces te vamos a partir la madre”, para de inmediato llegar a los golpes.

Cuando lo estaban torturando, los policías de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Justicia se percataron que Raúl, hermano del acusado, los estaba grabando y entonces, también empezaron a golpear a este familiar hasta obligarlo a tirarse en el suelo, aquí el video de la actuación de los oficiales: https://bit.ly/ 3kjn28m

Vinieron más amenazas, al punto que los oficiales fueron increpados de nuevo por la violencia en que actuaron. Se lo llevaron y lo ingresaron al penal, acusado ahora por otro presunto fraude que según cometió a su ex familia política, delito por el cual su exesposa perdonó a su hijo, pero a Ermilo, no.

Raúl Castilla Roche, ya interpuso las denuncias correspondientes por los abusos de los policías de Yucatán; además de informar que, hasta este miércoles, las autoridades no han presentado la orden de aprehensión sobre esta nueva acusación que pesa sobre su hermano.

Ermilo Castilla Roche es la viva muestra de cómo el sistema judicial de nuestro país puede ser usado para una venganza.

Ermilo es un empresario de Mérida, Yucatán, quien, tras su divorcio, fue denunciado penalmente por su exsuegro, Fernando Ponce García, cuya familia controla Grupo Bepensa, que tiene más de 40 compañías y negocios, entre ellos, la licencia para producir y distribuir productos de la marca Coca-Cola.

Ermilo fue acusado de fraude por la supuesta venta de unos terrenos en Holbox, Quintana Roo. Propiedades, que a decir de Ermilo y sus familiares, eran de él.

La primera denuncia contra él, la interpuso su exsuegro en Quintana Roo, en 2013. En ese proceso un juez determinó el no ejercicio de la acción penal, es decir, desechó la acusación.

En 2015, de nueva cuenta, las mismas personas denunciaron a Ermilo por el mismo delito, pero ahora en el estado de Yucatán, a pesar de que los hechos ocurrieron en Quintana Roo y le metieron en la cárcel por más de cuatro años.

Hace un mes logró un amparo que le permitió tener un arresto domiciliario con grillete de localización, mientras hay una sentencia en su caso.

Ante tantas irregularidades en este asunto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió darle entrada para atender la situación jurídica del empresario yucateco y terminar de una vez por todas por la “justicia a la carta” que prevalece en el gobierno de Mauricio Vila Dosal.

En Cortito: 

Vaya oxígeno político que tendrá ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador y su movimiento, esto después del veredicto de un jurado en la Corte de Nueva York al declarar culpable de cinco cargos al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Desde la mañanera, el jefe del Ejecutivo trazará una campaña de desprestigio a los partidos de oposición, con un especial énfasis al ex presidente Felipe Calderón.

Esta decisión llega en mal momento, ya que estamos a poco más de un mes de iniciar la campaña por la gubernatura en Coahuila y el Estado de México. El presidente López Obrador tocará el tema de los presuntos vínculos con el narcotráfico de García Luna de acuerdo a sus tiempos electorales, con el fin de golpear de lleno a la alianza integrada por el PRI, PAN y PRD, que se quedaron sin armas y discurso ante los embates que se le vienen.

 




Raúl García Araujo

Colaboro con @rivapa / Lee mi columna En Corto los miércoles en @EjeCentral / Lo escrito aquí es a título personal

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