Marzo se está perfilando como un mes sumamente relevante, y no en el mejor de los sentidos para México. Todos los actos que realiza el gobierno mexicano tienen consecuencias,
muchas de ellas llegarán en el transcurso de este mes.
Aparentemente, el gobierno ha actuado en búsqueda del propio beneficio, principalmente económico, al llevar a cabo una serie de medidas autoritarias en ámbitos donde es sumamente relevante el dinero. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que la intención principal no es enriquecerse, es otra mucho más funesta. Veamos algunos casos interesantes para conocer que pretende el gobierno actual.
En estos precisos momentos, en el senado, se está discutiendo la mal llamada “Reforma Eléctrica”.
Lo más probable es que la mayoría oficialista la apruebe sin mayor trámite. En teoría, esta reforma le da mayor poder a CFE, elimina a los particulares del negocio de generación de energía eléctrica, cierra la puerta a energías limpias. Sin embargo, tiene dos graves deficiencias que impiden pueda implementarse esta ley.
La primera, es que paradójicamente, es una ley anticonstitucional; para su funcionamiento requiere forzosamente de una reforma constitucional. Es previsible una lluvia de amparos en el futuro inmediato. La segunda deficiencia de esta ley consiste en el punto más débil de las empresas energéticas del estado: el dinero. En 2020 tanto PEMEX como CFE generaron pérdidas importantes, para su subsistencia requieren subsidios gubernamentales, deuda, y renegociación de deuda existente.
Sin dinero, es poco probable que puedan satisfacer las necesidades del mercado energético.
El efecto real e inmediato de la “Reforma Eléctrica” radica en el daño a la confianza de las inversiones, nacionales y extranjeras, hacia el país. No hay manera de eludir ese daño. Al grupo en el poder no le interesa ganar dinero por la venta de energía eléctrica; le interesa destruir al país, para dejar inoperativo al próximo gobierno, que obviamente, será ajeno al actual partido en el poder.
Las coincidencias no existen. Hoy mismo, PEMEX anuncia que ya no va a contratar los servicios de calificación de deuda de Fitch Ratings. Los motivos oficiales son una vil tontería, no hay manera alguna de justificarlos razonablemente. Los motivos reales, radican en la presentación hace unos pocos días de los estados financieros de 2020 de PEMEX, arrojando pérdidas millonarias, un capital negativo acentuado, y números decrecientes en producción de petróleo. En pocas palabras, muestran a una empresa quebrada, y sin oportunidad alguna de rescate.
Es de esperarse cuál será la acción que tomarán al respecto las calificadoras; no le van a asignar un buen pronóstico de pago a una empresa quebrada. Por ello, el “gobierno” (es un decir), a fin de evitar una calificación negativa, opta por correr al calificador. A la par de que no reciben el descrédito en su “narrativa” por una empresa quebrada, fomentan la degradación en la calificación crediticia del país en su conjunto.
¿Quién va a confiar en un país que se niega a ser revisado en sus operaciones relacionadas con la emisión de deuda?
Nuevamente, estamos hablando de un daño deliberado a la confianza del país. Correr al calificador de la deuda no elimina el hecho de que PEMEX está quebrado y hay que pagar por ello. La deuda no se elimina por terminar la relación con Fitch Ratings. La intención es desacreditar, literalmente, al país con estos movimientos. La actual administración sabe que no va a arreglar nada de los desperfectos que está ocasionando, el daño viene para la próxima administración.
El actual presidente tiene poder, pero solo en base a lo que puede destruir. Al terminar de destruir, el poder se termina. Haciendo un símil, es como ponerse a aventar piedras a los vehículos a la orilla de la carretera, para sentirse poderoso. Se hace daño a los que transitan por la carretera, pero ese poder ni remotamente le permitirá comprar un vehículo para circular por esa carretera.
¿Cuánto tiempo aguantaremos a alguien que está sentado en la silla, haciendo pedazos al país?
