La figura de la consulta popular es un derecho de los mexicanos plasmado en la Constitución, es cierto; contribuye a garantizar la vida democrática de la sociedad mexicana, también es cierto; es un mecanismo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas sobre temas de interés público, desde luego que también es cierto.
Por primera vez en nuestro país se utilizará TODO el aparato gubernamental e institucional para llevarla a cabo (con todo y la Ley Federal de Consulta Popular, así como el sinuoso y enredado tránsito legislativo para llegar a ella); los resultados serán vinculatorios para los poderes Legislativo y Ejecutivo federales cuando el INE indique que la participación total sea de, al menos, el 40 % de los ciudadanos y ciudadanas inscritos/as en la lista nominal de electores (93 millones).
El presidente de México, facultado para ello, la solicitó el año pasado; sin embargo, al pasar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y evaluar su constitucionalidad, modificó la redacción de la pregunta eliminando nombres propios y la palabra “expresidentes”.
Lástima que el objeto de fondo de este ejercicio democrático sea un desperdicio; veamos la redacción de la pregunta que inicialmente planteó AMLO para la consulta:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”
La SCJN modificó la redacción y quedó así:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Para tales efectos, se pretende que la ciudadanía apruebe o rechace votando “Sí” o “No” en la papeleta que el INE va a entregar a la ciudadanía en las 57 mil mesas receptoras el próximo 1 de agosto; y del 15 de julio y hasta el día de la votación se intensificará una campaña de difusión para que la ciudadanía participe. El INE tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
Desde luego, el régimen actual pretende mantener viva la esencia inicial, que es el de enjuiciar a los expresidentes, aunque su peticionario (AMLO) se jacte de decir que no es “revanchista” ni le gusta la venganza, que es humanista y pacifista; la nueva redacción es tan ambigua que podría incluso alcanzar a funcionarios de la 4T o el propio presidente; “los años pasados” ya son por ejemplo, el 2020. Tampoco refiere que precisamente deban ser “expresidentes” sino que alcanza a cualquier “actor político” y/o personas servidoras públicas de cualquier nivel de gobierno u organización relacionada a la política (partidos políticos).
¿Juicio? La pregunta dice textualmente “proceso de esclarecimiento” y ello no quiere decir que se llevará a juicio a nadie sea cual sea el resultado. Además, suponiendo que al menos el 40 % de la lista nominal participe y se vote que “Sí” ¿Quién va a definir a qué “actores políticos” del pasado se le “enjuicie”, se le “castigue” y “se envíe a la cárcel”? ¿Será el dedo índice del que vive en palacio el gran señalador? Claro. Pero... ¿por qué sería él?, ¿Qué es esto? ¿Una dictadura? Es inverosímil.
El mayor sinsentido es sobre el objeto implícito en la consulta, es decir, todo el aparato público (la presidencia, la SCJN, el INE y el Tribunal Electoral) le va a preguntar a la ciudadanía mexicana si está o no de acuerdo en que si un actor político del pasado cometió un delito, deba pagar por ese delito.
Es absurdo, obviamente todos queremos que si alguien cometió un delito, sea político o no, pague por él. Para ello, debe llevarse y ejecutarse TODO el proceso judicial tal y como está escrito en la propia Constitución Mexicana y en los códigos penales, así como otras leyes complementarias; es decir, si un expresidente cometió un delito en el pasado y el aparato judicial tiene elementos y pruebas, pues que se ejecute todo en debido proceso hasta que culmine; ¿Cuál es el sentido de fondo al involucrar a la ciudadanía? Exacto: ninguno. Además de que nos va a costar a los mexicanos 528 millones de pesos (presupuesto del INE).
Coincido en que hay una deuda histórica que requiere ser saldada: los abusos del poder, el gasto excesivo, el dispendio, la corrupción, violación a los DDHH, el saqueo del dinero público a las arcas de los poderosos o quienes se han sentido poderosos en la vida pública de los últimos años, así como otras circunstancias que han generado deterioro social en nuestro país. Sin embargo, todo ello queda en la retórica vacía de querer hacer justicia a contentillo de un personaje; al final, volvemos a lo dicho líneas atrás: para el castigo se requiere la aplicación de las leyes. Me parece más un pretexto electoral que la búsqueda de la justicia.
Parte de la ciudadanía nos hemos informado lo suficiente y no caemos en este juego absurdo. Hemos entendido que:
La aplicación de la Ley NO SE CONSULTA, así de simple.
Vamos, el problema no es el mecanismo de la consulta en sí, sino el objeto de fondo y de quién está detrás de ella. Mi decisión: NO PARTICIPAR, y que el no llegar al menos a ese 40 % de participación ciudadana sea el resultado de una protesta informada sobre el ejercicio democrático de nuestros propios derechos como mexicanos.
¿Tú qué harás? Es tu decisión y es tu derecho.
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