AMLO y Morena anticipan normas inconstitucionales
Los protagonistas de infinidad de normas inconstitucionales, prometen seguir con la misma tónica, a pesar de las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Jubilosos anuncian que, dentro de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral, prohibirán, hasta por un periodo de 10 años, a los consejeros del Consejo General del INE, para que no puedan emplearse en determinadas actividades, ni ser candidatos a cargos de elección popular alguno.
A los jubilosos se les olvida que, por unanimidad de los 11 ministros de la SCJN, el pasado 4 de abril, declararon inconstitucional el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, vigente desde el 19 de noviembre de 2019. Acción de inconstitucionalidad 139/2019.
Necesario recordar a los legisladores morenistas que el Pleno de la SCJN invalidó por unanimidad el segundo párrafo del artículo 24 de la LFAR, que establecía una restricción de diez años para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público. De acuerdo con la Corte la medida incide de manera desproporcionada, innecesaria e injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria, reconocida por el artículo 5º constitucional, pues impide a los exfuncionarios en esas circunstancias, prestar libremente sus servicios en la iniciativa privada. Los necios insistirán nuevamente en el ridículo.
AMLO y sus fieles legisladores saben de la ejecutoria de la SCJN, luego ¿Por qué volver a violar la Constitución si saben cuál será el resultado?
Es tanto el desprecio a los consejeros del INE, que no les importa volver a cometer el mismo abuso legislativo. Volverán a perder los asiduos violadores de la Constitución.
También se aprestan a quebrantar la fracción II del artículo 35 de la Constitución, al prohibir a los consejeros el derecho que les otorga la Carta Magna, para ser votados a los cargos de elección popular, bajo las condiciones que la misma norma superior imponga, también previsto con meridiana claridad.
¿Por qué la tozudes de los morenistas en molestar a los consejeros del INE? Simple la respuesta. No se han doblegado ni subordinado a los caprichos del presidente de la República, como sí lo ha hecho vergonzosamente, por ejemplo, la señora Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien se inclina ante cualquier señal emanada desde Palacio Nacional.
López Obrador ha probado ser arbitrario, intolerante y vengativo. Y si los consejeros, como Lorenzo Córdova o Ciro Murayama, no se han dejado humillar por el presidente, resultan ser objeto de la ira y odio presidencial. Su objetivo es destruirlos.
No podrá acabar con las autoridades electorales, mucho menos después del apoyo multitudinario mostrado en favor del INE y sus consejeros; población pensante en edad de votar. Esa ciudadanía no está dispuesta a que, por capricho del López y con sus acostumbradas mentiras, destruya una de las instituciones democráticas más reconocidas y respetadas nacional e internacionalmente.
Los morenistas dispuestos a violentar todas las normas electorales secundarias, frente a la impotencia de no haber podido doblegar a la oposición para que aprobaran reformas constitucionales, que evidenciaban múltiples violaciones a nuestra democracia y pulverizaban el pacto federal de los estados libres y soberanos al pretender quitarles sus atribuciones para llevar a cabo sus procesos electorales para la renovación de autoridades legislativas, municipales y del mismo poder ejecutivo local. Ni en los peores momentos del periodo de la “democracia perfecta” se atrevieron a tanto.
Al verse “maniatados” tanto AMLO como sus legisladores, harán hasta lo imposible por violar la Constitución por medio de las normas secundarias. Después vendrán juicios de inconstitucionalidad y amparos para protegerse de los abusos de las autoridades, lo cual también molestará al presidente, quien presionará a ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, para que sean obsequiosos con la violación a los derechos humanos.
Intentan ganar tiempo que se les va. Por eso apuran la salida de la votación de la iniciativa presidencial. Misma que, todo indica, no será aprobada por mayoría calificada que exige la Constitución ¡Será rechazada!
Una vez terminado el periodo de presiones hacia las minorías legislativas, se irán con las reformas secundarias, las que deberán estar aprobadas antes del periodo prohibitivo del artículo 105 Constitucional, que son 90 días antes del inicio del proceso electoral federal, mismo que dará inicio en septiembre del año próximo.